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Por: Sergio Salazar Aliaga
Reglas Inconclusas
Ya son diez años que
vivimos en un proyecto de cambio de reformas, una de las síntesis y desafíos
fue la “Asamblea Constituyente”, esa constituyente que pasó por avatares,
errores, aciertos y problemas.
En mi razonamiento ese
proceso constituyente no ha terminado, dejando de lado la aplicación del texto
constitucional a la batalla de la interpretación y aplicación en materia
jurídica, estrictamente de las leyes. Pero también existen temas que se han
comportado de manera conservadora; está el tema de la opción sexual y el de la
despenalización del aborto, y sobre esos temas, en vez de avanzar hubo un
retroceso, que son más de reacción que de acción, más de prejuicios que de
reflexión.
Pero en el caso del Órgano Judicial hubo cambios significativos,
pero que no pudieron frenar o parar la mala administración de justicia, el
artículo 182 de la CPE establece que “Las Magistradas y los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio
universal”.
Problemas del Órgano Judicial
Por eso es importante
identificar o detectar problemas que afecten al sistema judicial y a sus
instituciones. Hoy el sistema de judicial boliviano adolece de un grave
problema: su formulación no tiene sustento fáctico o empírico, como
consecuencia ella no tiene correspondencia con la realidad. Esas políticas
judiciales latinoamericanas en general, y la boliviana en particular han
evolucionado bajo formas abstractas: Son más producto de la elaboración
teórico-dogmático, que las conclusiones o estudios de investigación empíricas
emprendidas a fines de un sistema de justicia. Se privilegia la teorización
dogmática como fin y no como medio para la racionalidad del derecho.
No se tiene, en
Bolivia, una clara definición del objeto de estadísticas, en las distintas
perspectivas e intereses de las partes que componen el sistema de justicia
(policía, tribunales, prisiones, fiscalías) impide en ello. Cada uno emplea los
indicadores que les parece adecuado, sin que haya una previa búsqueda de
criterios comunes o la compatibilización de los mismos.
Por eso el Estado Plurinacional
asumido la decisión de crear una unidad que tenga una visión de integrar en sus
áreas de trabajo como la prevención del delito y el control del delito, pero
cambiar las perspectivas del uso del poder de un cambio de sistema, por ese este
3 y 4 de junio se llevara a cabo la “Cumbre Nacional de Justicia Plural para
Vivir Bien” donde se convoca a distintos grupos y sectores políticos que
trataran de influir en la formulación y configuración de la política de Estado
en el área de la justicia de nuestro país, cada uno de estas con sus propios
objetivos, finalidades y concepciones políticas. En este sentido se puede
hablar de un pluralismo de visión de justicia, según los distintos grupos que
lo promuevan.
Desafíos y Propuestas
En la cumbre se tratara
de ver las carencias de identidades u organizaciones encargadas de centralizar
información estadística de todo el sistema, analizar e interpretar indicadores
o datos por medio del cruce de variables y su relación o dependencia con otros
factores (económicos, sociales, políticos, etc.). Los indicadores disponibles
generales e imprecisos no forman un cuerpo coherente que permita con facilidad
el fenómeno de la justicia; y dicha falencia repercuten en interpretaciones y
análisis erradas o en falta de investigación propiamente. En este entender
identificaremos cinco problemáticas hacia esta cumbre de justicia.
1.- Existen muchos
problemas en nuestra justicia, en nuestro sistema judicial, por ejemplo en el
artículo 240 establece que las autoridades del Órgano Judicial no se encuentran
sujetas a la revocatoria de mandato… pero como una primera contradicción en los
atributos del Consejo de la Magistratura en su artículo 195 establece,
“Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el
ejercicio de sus funciones, comentan faltas gravísimas determinadas por ley”.
2.- Como un segundo
problema tenemos la baja coordinación entre la policía y el ministerio público,
ya que el código de procedimiento penal establece que el director funcional de
la investigación es el Fiscal, es decir que el investigador tendría que estar a
total disposición, pero a la vez la Ley Orgánica de la Policía determina que la
investigación depende de su comandante, entonces tenemos acá un primer problema
de coordinación entre la fiscalía u la policía. Aumentando al problema que los
investigadores constantemente son rotados, en la mayoría de los casos son
rotados, no se mantiene a los mismos investigadores en la investigación, hay
pocos investigadores, en ese problema existe una serie de dificultades.
3.- Un tercer eje de
dificultad o de problema en nuestro sistema judicial es la baja aplicación por
parte de los operadores del sistema penal por sobre todo sus salidas
alternativas, ejemplarizaremos con el medio institucional para descargar el
sistema penal a los delitos de menor relevancia social, que no ha sido posible
porque se concibe a través de un sistema discrecional, el fiscal puede elegir
si va haber una salía alternativa, en el sentido que si puede o no establecer
una salida alternativas, si bien está establecida en el código de procedimiento
penal los criterios de oportunidad arregladas, la suspensión condicional del
proceso, esto está dentro de la facultad discrecional, es lo que ha fallado eso
en la aplicación.
4.- En un cuarto eje o
problema, es la excesiva duración de la etapa preparatoria del proceso penal,
la cual tiene una duración de seis meses, a su vez tiene la investigación
preliminar que se realiza por el investigador antes de la etapa preparatoria,
pero el código de procedimiento penal establece cinco días para su realización,
lo cual también establece que puede ser ampliada y no establece un plazo para
esa ampliación. El Tribunal Constitucional mediante una sentencia
constitucional a determinado que es prorrogable a unos seis meses. Entonces
tenemos 6 meses de investigación preliminar, más seis meses de etapa
preparatoria, solo ahí ya se está alargando fuera de los lineamientos de
oportunidad establecido en el código de procedimiento penal.
5.- Como un quinto eje o
problemática es el fortalecimiento penal, todavía no existen instituciones
fuertes, tenemos una institución judicial que ha trabajado sin lineamientos
estratégicos de políticas criminales, las fallas de citaciones, y de
notificaciones.
Tras salir de esta
Cumbre Nacional de Justicia se solucionaran alguno de estos problemas más la
aplicación de los nuevos códigos penales, ya que los actuales códigos penales
deben prepararse en consonancia con la evolución de la realidad.
